A menos de seis meses del inicio de su segundo período de gobierno, Barack Obama está inmerso en una seguidilla de escándalos que bien podrían terminar definiendo cómo pasará a la historia.
Una serie de filtraciones relativas a la seguridad nacional tienen al gobierno a la defensiva y dejan en evidencia el nivel de discrecionalidad y de secretismo con el que se administran las polémicas leyes que autorizan vigilancias cuando se sospecha de actividades extremistas.
Más allá de las consideraciones políticas y naturales reacciones partidistas, cada caso toca el área de los derechos ciudadanos de una manera distinta, desde la libertad de expresión y presunción de inocencia, hasta el derecho a la privacidad y la igualdad ante la ley. Y cómo se supeditan o no al "máximo interés" de la seguridad nacional.El caso de la masiva obtención de datos de la telefónica Verizon o el seguimiento de usuarios de Internet que se conoció la semana pasada por la información que suministró a la prensa el exasistente de la CIA Edward Snowden han aumentado la presión sobre Obama, al tratarse de operaciones de vigilancia estatal que tienen al menos el potencial de abarcar a segmentos grandes de la población sobre los que no recae evidencia de actividad ilegal.
Para muchos resulta irónico que un presidente que llegó al poder cuestionando los excesos cometidos en nombre de la llamada "guerra contra el terrorismo" esté siendo señalado por sus propios excesos al usar las herramientas legales que tanto criticó antes de llegar a la Casa Blanca.
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