PUERTO PRÍNCIPE, Haití.- Un informe sobre derechos humanos denunció este lunes las extremas condiciones de vida de la mayoría de la población de Haití, que vive en situación de “extrema vulnerabilidad”, sumida en la pobreza, la violencia, la inseguridad alimentaria y la jurídica.
La Federación Internacional de Ligas de Derechos Humanos (FIDH) y sus organizaciones miembro en Haití, la Red Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH) y el Centro Ecuménico para los Derechos Humanos (CEDH) hicieron público un documento en el que reclaman mejoras urgentes para la población desplazada por el terremoto de 2010 (unas 370.000 personas que aún viven en campamentos provisionales).
Los organismos dijeron que las condiciones de estas personas son “indignas y degradantes” y recordaron que viven “abandonadas” por las organizaciones no gubernamentales (ONG), sufren desalojos forzados y casos de violencia que afecta en particular a las mujeres y niñas, muchas de ellas víctimas de abusos sexuales.
En un país en el que el 80 % de la población vive por debajo del umbral de la pobreza, se ha agravado la inseguridad alimentaria y la exclusión social debido a “políticas públicas nacionales en gran parte dominadas por los responsables políticos nacionales”, señala un comunicado de estas entidades.
También clama contra la situación en las cárceles, donde el 70 por ciento de los presos está en prisión preventiva prolongada y en condiciones inhumanas por la falta de higiene y el hacinamiento, lo que ha causado la muerte por cólera de 275 reclusos desde octubre de 2010, cuando se desató una epidemia de esa enfermedad por la que han fallecido más de 7.600 personas en el país.
El aumento de secuestros y homicidios y la implicación de algunos miembros de la Policía Nacional en actos delictivos son otros problemas que denuncian estas organizaciones, que resaltan, al mismo tiempo, la existencia de un sistema judicial caracterizado por la impunidad, la corrupción y la falta de acceso a la justicia.
Además, critican la “intromisión del poder ejecutivo en el poder judicial” y la decisión de no perseguir al expresidente Juan-Claude Duvalier por crímenes contra la humanidad, lo que “plantea serias inquietudes sobre el compromiso de la Justicia haitiana para juzgar las atrocidades cometidas durante la dictadura”.
Los defensores de los derechos humanos recomiendan a las autoridades locales medidas para el realojo de los desplazados, el freno a los desalojos forzosos que sufren muchos de ellos y acciones en favor de mujeres y niñas que viven en campamentos.
Solicitan, entre otras acciones, eliminar el hacinamiento en las cárceles, garantizar condiciones dignas de detención, así como que se juzgue a Duvalier y a los presos preventivos.
A la comunidad internacional le piden el fortalecimiento institucional, la lucha contra la corrupción y mayor coordinación el los proyectos de reconstrucción, mientras que a la Misión de Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (Minustah) le reclaman que reconozca su responsabilidad en el estallido de la epidemia de cólera, tal como le atribuyen varios informes.
Informes técnicos indican que la presencia de la enfermedad en el país se debe al vertido de aguas fecales del contingente nepalí de la Minustah a un río de Mirabalais, en el centro del país, donde se detectaron los primeros casos en octubre de 2010.
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